Comisión de la Defensoría llegó a la Costa Pacífica Nariñense, evidenció crudo en fuentes hídricas.
Los tumaqueños y quienes habitan a lo largo de la Costa Pacífica nariñense no solo tienen que soportar los ataques guerrilleros al oleoducto Trasandino, como pasó el 4 y 5 de noviembre pasado, sino las frecuentes perforaciones a la tubería que han impactado el ecosistema.
La Defensoría del Pueblo, a través de una inspección realizada por la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente por las riberas de los ríos Mira, Rosario y Caunapí, evidenció la presencia de crudo en las fuentes hídricas y la vegetación, justo en zonas donde hay varias viviendas y, en algunos casos, instituciones educativas.
Según la comisión de la Defensoría del Pueblo, las extracciones ilegales de crudo se realizan mediante la instalación de llaves improvisadas con brocas de tungsteno y desde ahí, a través de mangueras, se conduce el combustible hurtado hacia los sitios donde se lleva a cabo un proceso básico de refinación.
El proceso consiste en la unión de 14 o 15 canecas de 55 galones donde calientan el crudo. Allí, las sustancias volátiles se evaporan y los residuos más pesados son depositados en piscinas abiertas, sin ningún tipo de manejo.
Según la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), de cada 10 derrames de petróleo, nueve obedecen a las llaves artesanales (como denominan a esta modalidad de huto) y uno a los atentados de los grupos armados ilegales.
“Se han detectado más de 60 sitios donde el agua no es apta para el consumo debido a este problema ambiental que va de la mano de las actividades de estos grupos armados ilegales”, dijo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
“Ya enviamos la denuncia, con imágenes, a la Fuerza Pública, a las autoridades locales y a las autoridades ambientales”, agregó el funcionario.
La gobernación de Nariño y la Dirección Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres han estimado una afectación de 2.700 familias que viven en los alrededores del oleoducto.
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