Las propuestas de las organizaciones sociales en el Foro Nacional de
Víctimas
Los representantes de diversos sectores
coincidieron durante el Foro Nacional de Víctimas, que se realiza en Cali, en
pedir que haya verdad, un cese de la violencia y justicia transicional sin
impunidad. Verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición. Esas son las palabras que
más repiten las organizaciones sociales que participaron en el Foro Nacional de
Víctimas, al explicar sus propuestas para la mesa de negociaciones entre el
Gobierno y las Farc en La Habana. En el encuentro, miembros de organizaciones
sociales, representantes de víctimas y de gremios plantearon la necesidad de la
firma de un acuerdo de paz y el desafío que representa para el país el
posconflicto. Estas son algunas de sus posiciones:
"Una sociedad sin justicia tiende a desaparecer": Rafael Mejía
El
director del Consejo Nacional de Gremios, Rafael Mejía, recordó que el campo
colombiano "ha sido escenario de un conflicto armado con diversas
implicaciones sociales y económicas. La población rural en general sigue siendo
más pobre que la urbana y eso ha tenido que ver en los obstáculos de inversión
por los actores de la violencia". Mejía explicó que aunque la actividad
agropecuaria del país "ha sufrido considerables traumatismos por la acción
de grupos armados ilegales y por el abandono del Estado", el "arraigo
de la cultura agropecuaria" ha permitido que este sector se recupere. Agregó
que se debe tener en cuenta que apostarle a la paz "implica de plano unas
mejores condiciones de vida para la población en su conjunto" y que es
"hora de sumar esfuerzos para saldar la vieja deuda con el campo". Sobre
la negociación, Mejía pidió un cese inmediato y unilateral de las acciones
armadas tanto de las Farc como del ELN, "contra la población civil, la
Fuerza Pública y la infraestructura". Además, dijo que los acuerdos de paz
deben resarcir a las víctimas.
"Les negamos levantarse de la mesa de negociaciones": Claudia
Mejía
La
necesidad de que se reconozca y se termine la violencia sexual en contra de las
mujeres fue planteada por Claudia Mejía, representante de la Cumbre de Mujeres
por la Paz. Mejía explicó que para que el proceso de paz no termine en
impunidad, es fundamental "en el caso de la violencia sexual contra las
mujeres, el acatamiento de los estándares internacionales en la materia, al
excluir los crímenes de violencia sexual de amnistías". Además, a nombre
de la organización exigió a los actores armados "la adopción de un acuerdo
inmediato para el cese de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas,
porque la violencia sexual no es algo inevitable". También planteó que estos
delitos sean juzgados como de lesa humanidad. Este llamado fue hecho tras
recoger experiencias de posconflicto en otros países, donde la violencia sexual
continúa a pesar de los acuerdos de paz y desmovilizaciones. La organización de
mujeres también plantea una construcción de la verdad y la memoria histórica a
partir de ellas, así como la "investigación y juzgamiento de los
responsables de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto
armado" y la creación de espacios seguros para la denuncia de estos
hechos. También se planteó que "Para que la paz en Colombia sea sostenible
y duradera, debe pasar por el cuerpo de las mujeres. Deben comprometerse con la
reivindicación de las muerjes de ser pactantes y no pactadas. Establecer la
paridad para las mujeres en todos los mecanismos y escenarios que se adopten
para la refrendación", dijo Mejía. Agregó que las mujeres colombianas
"les hacemos responasbles a ustedes, las partes que negocian en La Habana,
el derecho que nos asiste a vivir en paz. Les negamos levantarse de la mesa
hasta que no firmen los acuerdos. Les disuadimos de seguir destruyendo la obra
de las mujeres, porque las guerras devastan nuestra creación. Pero también les
exhoratamos de manera inmediata a un pacto de cese bilateral del fuego y en
todo caso a sacar a la población civil de la población armada para que crezca
la confianza en el proceso de paz".
"Estamos a favor de la salida negociada al conflicto": José
Santos Caicedo
José
Santos Caicedo, representante de las comunidades afrocolombianas y palenqueras
de Colombia, afirmó que no solo los grupos armados ilegales, sino también el
gobierno, "no han garantizado la vida a las comunidades ni la permanencia
en sus territorios urbanos o rurales". El líder afro explicó que un
ejemplo de esto fueron las masacres del Naya o Bojayá, así como el "origen
y mantenimiento de las casas de pique en Buenaventura o los asesinatos diarios
en los barrios de Tumaco y las barreras invisibles que se exportan en centros
urbanos como Aguablanca en Cali o Ciudad Bolívar en Bogotá". Aunque
manifestó el apoyo de las comunidades a la salida negociada del conflicto,
resaltó que no se puede perpetuar la discriminación y la exclusión de los
afrocolombianos en el país. También afirmó que sus territorios son víctimas del
conflicto, como consecuencia de la minería ilegal, la ampliación portuaria o la
negación de la existencia de población negra en algunos departamentos. Para
estas organizaciones también es necesario que la reparación sea clara y
equitativa y no "se escoja una o dos comunidades de cada territorio".
Además, piden que no haya tanta tramitología en el momento de reclamar sus
derechos.
"Se necesita una pedagogía de la paz": monseñor Héctor Fabio
Henao
Monseñor
Héctor Fabio Henao, presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica,
reiteró el llamado a una cese al fuego definitivo durante las negociaciones. También
pidió que la justicia se enmarque "en un sistema que garantice la
protección de las libertades individuales y los derechos humanos", al
recordar que muchos de los líderes de restitución y víctimas han sido objetivo
de nuevos atentados y persecuciones por parte de actores armados. Sobre el
posconflicto, la Pastoral Social manifestó su preocupación por la garantía de
educación, salud, vivienda y trabajo digno para los colombianos, así como una
pedagía para la paz "que eleve los valores del respeto por la dignidad, el
perdón con responsabilidad y sin olvido". Por esta razón, solicitó que en
los nuevos planes de desarrollo, tanto el nacional (2014-2018) como los
departamentales y municipales, se tengan en cuenta las conclusiones de los
foros de víctimas para "incluir las aspiraciones de las víctimas y su
necesidad de dar respuesta a la reparación".
"La paz no es una palabra o un discurso, es una práctica":
Luis Fernando Arias
Las
propuestas de las organizaciones indígenas de Colombia estuvieron a cargo de
Luis Fernando Arias, de la Onic, quien recordó que estos pueblos han sido
víctimas de la confrontación en sus territorios y del irrespeto a su autonomía.
Arias reconoció la importancia de que las víctimas sean escuchadas en La
Habana, pero recordó que la paz "es más allá de la mesa de negociaciones.
Para los pueblos indígenas la paz no es una palabra o un discurso, sino una
práctica que tenemos diariamente en nuestros territorios". Las
organizaciones indígenas exigieron una tregua bilateral y "una declaración
pública reconociendo la autonomía de los pueblos indígenas y su compromiso de
desechar prácticas de imposición de funciones que impiden el ejercicio de
nuestro proceso comunitario". Entre las propuestas que presentaron está la
reactivación del consejo nacional indígena de paz, para presenta sus
iniciativas durante las etapas de negociación, desmovilización y posconflicto;
la creación de una comisión nacional de la verdad para los pueblons indígenas,
en la que construyan memoria desde las víctimas; y que los responsables de
violaciones a los derechos humanos "se sometan a la justicia transicional,
la cual tendrá en cuenta cuando los imputados hagan parte de nuestras
comunidades".
Arias,
quien hizo una pausa para recordar que hoy se cumplen 14 años del asesinato de
su padre por parte de los paramilitares en el Cesar, pidió también que los
actores armados hagan una reparación material y simbólica a las víctimas.
"Planteamos un gran movimiento social por la paz": Domingo
Tovar Arrieta
Domingo
Tovar Arrieta, presidente de la CUT, habló en nombre de las organizaciones
sindicales de Colombia y recordó que en el país han sido asesinados más de 3500
sindicalistas. "El movimiento sindical ha sido víctima de una cultura y
una violencia antisindical sistémica, histórica, disciplinante, con
responsabilidad del Estado y algunas organizaciones de la productividad y los
servicios y las multinacionales", dijo Tovar. Afirmó que desde los
sindicatos se rechaza la violencia y que la "guerra como opción política
no dio resultado en Colombia". Por lo anterior, planteó la
"construcción de políticas públicas en derechos humanos, de las víctimas y
las organizaciones victimizadas. Trabajaremos por lograr un instrumento de
carácter independiente que conjure los saberes para llegar a la verdad, porque
cada uno de nosotros tiene una verdad y para lograr el proceso de reparación
hay que llegar a un consenso". Ese acuerdo, dijo, también debe darse en la
justicia transicional, para garantizar que no haya impunidad. "Estamos
planteando la construcción de un gran movimiento social por la paz, donde
tengan representación la diversidad de sectores y actores de la sociedad civil.
Que no sea un proceso solo del gobierno y los grupos alzados en armas".
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