La cultura es resistencia en Tumaco
Al pie de la carretera que va de Pasto a Tumaco corre el
oleoducto Trasandino, que sale del Putumayo y pasa por 11 municipios de Nariño.
Debería ser un símbolo del progreso, pero se ha convertido en un factor más del
conflicto armado y la ilegalidad que impera en esta zona del país.
Hace dos semanas, antes de que empezara la tregua anunciada por
las Farc, en el municipio de Puerres (Nariño) hubo una voladura en el
oleoducto. El derrame de crudo produjo afectaciones ambientales, contaminó
fuentes de agua y criaderos de peces.
Ese ataque, supuestamente perpetrado por las Farc, salió en los
grandes medios del país, pero no ha sido el único. Los asaltos al oleoducto son
comunes, sobre todo hacia el piedemonte costero, en los municipios de Ricaurte
y Barbacoas. “Sucede con frecuencia en territorios de las comunidades afros y
de los indígenas awá. Hay varios afluentes del río Mira de los cuales se
abastecen acueductos comunitarios que han sido contaminados por el derrame de
hidrocarburos. Los líderes de las comunidades hablan también de contaminación
de la fauna silvestre, del bosque”, dice Jesús Alarcón, de la Agencia de
Desarrollo Local de Nariño (Adel).
La extracción ilícita de crudo y sus consecuentes daños
medioambientales y culturales han crecido dramáticamente en los últimos años.
El incremento se debe a que hay bandas criminales que tienen refinerías
artesanales y el combustible que refinan tiene una calidad óptima para el
procesamiento de la hoja de coca. También lo usan para venderlo de manera
ilegal, contrabandearlo en la frontera con Ecuador o alimentar las dragas con
las que hacen explotación ilegal de oro. Alarcón explica que la “Fiscalía ha
confirmado que extraen el crudo a través de mangueras, lo transportan hacia
lugares alejados y lo depositan en una especie de piscinas artesanales. Cuando
hay lluvias fuertes, como el petróleo es más liviano que el agua, sube y se
desborda y produce una contaminación cada vez más preocupante”. Si no se
controla la extracción ilegal, la tragedia ambiental podría ser tan grave como
la que se vio hace poco en Casanare.
Por la vía se ve que se han construido cientos de viviendas prácticamente encima del oleoducto. Casas que a duras penas tienen las cuatro paredes y el techo. No tienen luz, ni agua, en la mayoría ni siquiera hay muebles. En algunas el oleoducto es el cimiento mismo de la casa. Ante la pobreza extrema de los habitantes, muchos de ellos desplazados, extraer crudo es un atractivo difícil de evitar. Mucha gente ya no quiere cultivar sino vivir de la renta del combustible. Los líderes afros e indígenas dicen que los grupos ilegales han obligado a varias personas a participar en el negocio. Además, desde que el Gobierno Nacional fumigó la coca, mucha gente quedó sin otra alternativa de ingresos.
El oleoducto va a dar a Tumaco, donde hay una planta desde la que se bombea el crudo hacia los barcos que lo sacan por el océano Pacífico. El incremento de la extracción ilegal está asociado directamente al conflicto armado, a la pelea por los territorios, a la producción de coca y al narcotráfico. Y Tumaco es el epicentro de estas problemáticas, por estar en la frontera con el Pacífico y con Ecuador. Allí hay de todo: Farc, Eln, bacrim, paramilitares. Hay hasta versiones según las cuales el cartel de Sinaloa estaría presente. La violencia doméstica, la falta de oportunidades laborales y la débil presencia del Estado han facilitado la llegada de estos grupos que se pelean —y en casos comparten— un territorio clave para las rutas del tráfico ilegal, y donde además está el mayor número de hectáreas sembradas de coca en el país.
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