LA DELINCUENCIA EN TUMACO SIN CONTROL DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL

NEFTALY CORREA ALCALDE TUMACO

Por la revista SEMANA

“Hijos míos… por ustedes estoy viva todavía; no desamparen nunca a su padre”, son algunas de las frases que alcanzó a pronunciar Giaconda Segovia en el video de 15 segundos que esta semana circuló y que se convirtió en la única prueba de supervivencia del secuestro que padece desde hace 84 días.

Ella fue plagiada el 6 de noviembre del 2010 junto a su esposo, Nilo Del Castillo, exalcalde de Tumaco. La pareja se encontraba en su finca de descanso en las afueras del pueblo cuando ocho hombres armados con fusiles y mini uzi los raptaron a plena luz del día; el exalcalde fue liberado 13 días después y le manifestaron que su esposa se quedaría con ellos como prenda de garantía, ya que se trataba de un secuestro extorsivo.

Pese a que los captores no se identificaron, para las autoridades locales no hay duda de que tras ese acto criminal se encuentran las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Ellos estarían tras los otros dos secuestros y 36 extorsiones ocurridos en el 2010 en ese municipio. De hecho, el propio personero, Álex Castillo, aseguró que del flagelo de las extorsiones no se salvan “ni las empleadas domésticas, vendedoras de pescado, minuteros y mototaxistas”, dijo a SEMANA.

Ese problema que azota a Tumaco no es exclusivo del puerto nariñense. Una situación similar padecen los municipios costeros de Cauca y varias de las ciudades del Valle del Cauca y Risaralda.

Oficiales de inteligencia del Ejército consultados por SEMANA coinciden al afirmar que el auge de ese delito tiene estrecha relación con la urbanización del conflicto motivado por la unión mafiosa pactada entre la guerrilla de las FARC, el ELN y las bandas emergentes, que en este caso son los Rastrojos.

“Las BACRIM ya no se dedican al cultivo y la producción de coca en las selvas -eso lo hace la guerrilla-, sino que se limitan a labores de tráfico, tarea que realizan ampliamente desde municipios estratégicos”, explicó el oficial.

En el caso especial de Los Rastrojos, ejércitos privados al servicio de los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, alias los 'Comba', considerados los sucesores del extinto capo Wílber Varela, alias 'Jabón', asesinado en enero del 2008 en Venezuela, ya no se concentran en las selvas del suroccidente colombiano, sino que están replegados en los cascos urbanos de la región.

Una vez en los pueblos y ciudades, los integrantes medios y bajos de esa organización delictiva que quedaron por fuera del negocio de la coca debieron buscar nuevas fuentes de financiación para subsistir dentro de la ilegalidad. Esa podría ser la explicación para que las extorsiones se convirtieran en el pan de cada día.

Su actuar delincuencial tiene una particularidad: las víctimas ya no son grupos poderosos de la economía regional, sino pequeños comerciantes y en algunos casos sectores informales como vendedores ambulantes, dueños de puestos en las plazas de mercados, transportadores urbanos, mototaxistas y prestamistas del famoso gota a gota.

“Son grupos más vulnerables que rara vez denuncian los hechos porque sus vacunas no son millonarias”, explicó un oficial del Gaula que atiende esas denuncias en el Valle.

La radiografía del problema la tiene Tuluá, una de las cinco ciudades intermedias de ese departamento donde los comerciantes denunciaron ser objeto de extorsiones por parte de grupos ilegales, “En total la queja es de 20 pequeños comerciantes de la plaza de mercado, la mayoría dueños de graneros”, dijo un dirigente que pidió omitir su nombre tras agregar que el tema ha sido ventilado con las propias autoridades y que el problema de las extorsiones no es nuevo, “en el pasado no eran Los Rastrojos sino la guerrilla”, aseguró.

En esa ciudad el problema hizo catarsis a comienzo de este año, cuando se registró una docena de crímenes durante la primera quincena del mes. Lo más sorprendente es que algunos de esos homicidios fueron perpetrados con fusiles y pistolas. Entre las víctimas figuran dos prestamistas, un comerciante y un reconocido odontólogo. Hasta la fecha se desconoce si las víctimas eran objeto de extorsiones

El coronel Julián González, comandante de policía en el Valle, no descarta que parte de esa estela criminal se trate de un ajuste de cuentas entre mafiosos, ya que históricamente la ciudad ha sido epicentro de una puja territorial por su importancia estratégica, “Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esa guerra la lideran dos frentes de los Rastrojos, comandados por los alias el 'Indio' y 'Steven'”, dijo a esta revista tras desmentir la presencia de grupos armados de la organización mafiosa conocida como los Urabeños.

El norte del Valle es otra de las regiones que viven bajo la sombra de supuestas extorsiones. Si bien hasta la fecha no existen denuncias concretas al respecto, un operativo realizado por el DAS el pasado 4 de enero en el municipio de Zarzal dio luces sobre la situación.

Miembros de esa entidad encontraron una caleta de los Rastrojos, la que además de arsenal de guerra y cartografías sobre la ubicación de laboratorios de coca, contenía una pequeña libreta con nombres de fincas y ganaderos que eran objeto de extorsiones.

La falta de denuncias por parte de las víctimas de extorsiones es otra de las dificultades para combatir ese flagelo. Según Fondelibertad, en el Valle del Cauca se presentaron solo 116 denuncias en el 2010, superando en 24 las del 2009. El problema afectó a 16 ciudades y las más golpeadas, en su orden, fueron Cali, Buenaventura, Tuluá, Palmira, Buga y Zarzal. Esta última fue donde el DAS halló la libreta con el listado de ganaderos.

Cali, Pereira, Dosquebradas

Si bien en la capital del Valle el problema de las extorsiones existe, para las autoridades este flagelo no está liderado por organizaciones criminales, sino “a cargo de pandillas dispersas que no tienen unidad de mando”, explicó a SEMANA el general Miguel Ángel Bojacá, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

En efecto, de acuerdo con un estudio del Observatorio Social del Delito de la alcaldía de Cali, en la ciudad existen 103 pandillas integradas por al menos un millar de jóvenes de entre 9 y 25 años de edad. Lo más sorprendente es que el informe precisa que entre el 2005 y el 2009 un total de 485 homicidios son atribuibles a esas pandillas y 128 de las víctimas son ellos mismos.

Bajo esa realidad, el general Bojacá argumentó que varios de los actos criminales en la ciudad se hacen tercerizando servicios por parte de la guerrilla, “contratan algunas acciones con estas bandas, tal como ocurrió con los atentados a la sede de la RIPOL de la policía y el palacio de Justicia”.

Pero en zonas como el Distrito de Aguablanca, laderas como Siloé y algunas plazas de mercado se convirtieron en objetivo de esas agrupaciones, quienes se lucran del boleto o la extorsión a transportadores y vendedores.

Algo similar ocurre en Dosquebradas, Risaralda, y su capital, Pereira, donde la existencia de medio centenar de pandillas juveniles que se pelean el negocio del microtráfico tiene divididas algunas zonas de esas ciudades en combos con dominio territorial. Se cree que detrás del fenómeno está la temida oficina de cobros conocida como la Cordillera, con gran influencia de paramilitares que nunca se desmovilizaron y que se pelean la zona con los Rastrojos.

Todo el fenómeno en conjunto permite concluir que el mayor reto para las autoridades en materia de seguridad no está en las selvas colombianas, sino en quitar la caja menor que nutre a los grupos criminales que se atrincheraron en las ciudades.