Acuerdo frena
paro contra corrupción en la Costa Pacífica
Organismos de control se
comprometieron a investigar denuncias en 11 municipios, de Nariño y Cauca.
Con el compromiso de que los organismos de control del Estado
emprenderán rigurosas investigaciones en 11 municipios de la Costa Pacífica de
Nariño y Cauca, con el fin de establecer el grado de corrupción y castigar a
los presuntos responsables, se levantó anoche el paro que por espacio de once
días mantenían las comunidades de esa zona del país. “Aquí primó el criterio de
la buena fe, el Gobierno nacional se comprometió con nosotros y hay avances muy
importantes en el proceso de moralizar la administración pública”, indicó el
líder de Iscuandé Luis Enrique Sinisterra, quien expresó que tanto la
Procuraduría General de la Nación, con el acompañamiento de la Fiscalía y la
Contraloría, a partir del primero de septiembre empezarán las visitas de
control y vigilancia en todas las localidades. “Esto nos tranquiliza y nos
llena de orgullo porque los malos manejos de los recursos en las alcaldías
municipales estaban sumiendo en la pobreza a nuestros municipios” indicó Sinisterra.
El 18 de septiembre, en Guapi (Cauca), una comisión del Gobierno
Nacional y de los órganos de control presentarán a los líderes del paro un
primer informe de las actividades realizadas. En la protesta participaron los
pobladores de los municipios de Iscuandé, La Tola, Olaya Herrera, El Charco,
Mosquera, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí, en Nariño; y Timbiquí, Guapi y
López de Micay, en Cauca. El acuerdo se logró ayer en una mesa de diálogo que
se estableció en Iscuandé (Nariño) y que contó con la presencia de los
viceministros del Interior, Juan Camilo Restrepo, y de Agricultura, Aníbal
Fernández de Soto.
‘Es un cáncer’
En la mesa también hicieron presencia representantes de la Fiscalía, la
Procuraduría y la Contraloría General de la República, al igual que
funcionarios de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República,
Planeación Nacional, la Unidad de Protección de Víctimas y la Defensoría del
Pueblo. Los líderes de la protesta se quejan de la corrupción en sus
municipios, que impide que lleguen las ayudas del Gobierno a la comunidad. “Nosotros
queremos que se acabe la corrupción porque ha sido como un cáncer que ha
impedido el desarrollo de nuestros municipios”, dijo Alexánder Castro, uno de
los veinte líderes del paro cívico, que completa dos semanas en once municipios
de Nariño y Cauca. “Es que aquí ha habido muchas contrataciones indebidas; los
subsidios no han llegado a los beneficiarios, sino a quienes no los necesitan”,
denunció. Y puso como ejemplo lo que pasó en febrero, cuando hubo en Iscuandé
un movimiento telúrico en el que resultaron damnificadas 250 familias, luego
del cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo asignó 10.000 millones de
pesos para ayuda humanitaria y adquisición de materiales de construcción. “Esos
recursos no llegaron a los afectados, eso fue un completo fracaso porque se les
dio un mal manejo; a las personas nunca les entregaron casas”, expuso con gran
indignación el líder.
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